Saraí Juallek Villalobos suma una nueva vinculación a proceso. La exjueza y exsecretaria de acuerdos del Poder Judicial enfrenta ahora cargos por Robo Calificado y Ejercicio Ilícito del Servicio Público, relacionados con la desaparición de un expediente de divorcio mientras trabajaba en el Juzgado Décimo Civil de Cuernavaca.
Durante la audiencia realizada el pasado 21 de marzo en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas que apuntan a que Saraí sustrajo sin autorización el expediente 99/2017, que debía haber sido archivado conforme al protocolo judicial.
Según la investigación, la persona hoy imputada tenía bajo su resguardo el expediente desde mayo de 2017, tras la resolución de un divorcio incausado. Aunque fue cambiada de adscripción en agosto de 2018 al Juzgado Cuarto de lo Civil, nunca entregó ni reportó el expediente. La situación detonó una denuncia por la desaparición de documentos judiciales clave.
La sorpresa vino años después. En noviembre de 2024, tras una orden de cateo en un domicilio de Jiutepec propiedad de la exservidora pública, el expediente fue hallado entre otros documentos oficiales. Aunque su contenido había sido publicado en el Boletín Judicial, nunca fue enviado al archivo del Tribunal Superior de Justicia, como mandata la ley.
Con base en estos hechos, el juez de control determinó su vinculación a proceso e impuso medidas cautelares: no podrá acercarse al Juzgado Décimo Civil ni a su personal. El plazo para el cierre de la investigación complementaria es de un mes.
El pasado 2 de diciembre de 2024, fue vinculada a proceso por hechos ocurridos mientras fungía como jueza interina del Juzgado Tercero de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial. En ese caso, la Fiscalía la acusa de ordenar la elaboración irregular de un convenio por 955 millones de pesos entre una empresa y un particular, y de sustraer los documentos involucrados.
Por ese proceso, actualmente se encuentra bajo resguardo domiciliario.
Ambos casos siguen abiertos, y aunque las investigaciones están en curso, las autoridades aseguran que continuarán recabando pruebas para esclarecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas, sin vulnerar el principio de presunción de inocencia.