- Cambios arbitrarios, amenazas y una red de poder detrás del colapso penitenciario
“Su afán es que todo explote para chingarse a todos”. La frase es brutal, pero define el sentimiento que recorre los pasillos del penal de Atlacholoaya, en el estado de Morelos. Agentes de Seguridad y Custodia al borde del colapso, condiciones laborales que rozan lo inhumano, una red de favoritismo institucional y una estrategia de desgaste deliberado parecen ser parte de la operación penitenciaria en una de las cárceles más conflictivas del país.
Jornada 48×48: castigo y amenaza
Desde hace unos días, custodios del sistema penitenciario estatal han comenzado a trabajar jornadas de 48 horas por 48 de descanso, un esquema extremo que no cuenta con sustento legal ni administrativo. El cambio, impuesto sin previo aviso ni documento oficial, ha sido acompañado de amenazas directas: quien se niegue, será removido o presionado hasta renunciar.
En los centros de reinserción de Cuautla, Jojutla, Jonacatepec y del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Personas Adolescentes (CEMPLA), la carga laboral es desigual.
Mientras algunos realizan turnos con tres o cuatro elementos, en el área varonil de Atlacholoaya las guardias inician a la medianoche y son solo dos custodios los que deben cubrir múltiples servicios durante dos días seguidos. “Si 24 horas ya era insoportable, ahora 48 será el acabose”, comenta uno de los trabajadores afectados.
Una estructura que castiga al que denuncia
Los testimonios recabados apuntan directamente a un nombre: Josué Israel Molina Díaz, actual Director General de Reinserción Social, quien ya formaba parte de la administración anterior y continúa operando con el mismo equipo de confianza, pese a múltiples señalamientos.
A su lado figura Michelle Ángeles Salazar López, encargada del área de Preliberados, acusada de maltratos y abuso de poder. “Grita a su personal, hace berrinches, y quien no le obedece es marginado o cambiado de área”, relata una extrabajadora.
Cuando una de las víctimas de estos abusos intentó reportar la situación con Josué Molina, la respuesta fue el descrédito y la represalia: fue removida de su puesto, bloqueada de otros espacios laborales y desacreditada con sus superiores. La denuncia institucional, una vez más, fue ignorada.
Nepotismo, desprecio y blindaje institucional
Según las denuncias, cargos clave han sido asignados por vínculos personales, no por perfil profesional. El caso más escandaloso es el de la pareja sentimental del coordinador, Eduardo Javier Romero Espinoza, quien fue colocada como Asesora B sin tener estudios superiores ni experiencia técnica. Además, controla vehículos oficiales y todos los recursos financieros, humanos y materiales del área del Sistema Penitenciario como si fueran de su propiedad, maltrata al personal de limpieza y actúa con total impunidad.
A esta red se suman personajes que van desde su asistente, Alba Georgina Jaimes Martínez; del área jurídica de ejecución de sentencias, Lucero Montserrat Aguilar Villa y de la dirección técnica, Noemí Rango González, así como Rey Giovanni Rivas Sandoval, quien pasó de ser un empleado sin relevancia a Director de Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA), aparentemente por “relaciones internas”.
Mientras tanto, la plantilla del personal de seguridad y custodia se reduce. Muchos ya cumplen los requisitos para jubilarse y amenazan con irse si se les obliga a seguir bajo estas condiciones. El mensaje institucional ha sido claro: “si no están de acuerdo, pueden irse”.
Una bomba de tiempo
Todo apunta a un escenario peligroso: una administración que ignora las alertas, minimiza las condiciones laborales y parece buscar que el sistema colapse para justificar despidos masivos o reestructuraciones a modo.
Los agentes de seguridad y custodia y trabajadores penitenciarios no solo enfrentan el riesgo de amotinamientos o fugas, sino también el de una violencia institucional que se ejerce desde las oficinas directivas, disfrazada de decisiones administrativas.
¿Quién controla las cárceles en Morelos?
La pregunta central no es si Atlacholoaya está al borde del colapso: lo está. La verdadera cuestión es quién está dejando que eso ocurra y por qué. Si se trata de una estrategia deliberada para concentrar poder, colocar a perfiles afines y controlar el sistema penitenciario como un feudo, es necesario prender las alarmas. Porque cuando un sistema de reinserción se transforma en un sistema de castigo hacia sus propios trabajadores, lo que está en juego no es solo el orden interno: es el futuro de la justicia en Morelos.