El exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu volvió a pisar los tribunales. Por segunda ocasión, compareció este viernes ante el Juez Especializado de Control, César Augusto Galán Delgado, en una audiencia marcada por giros inesperados y contradicciones procesales.
La diligencia fue solicitada por su abogado defensor, Juan Carlos Luna Avilez, quien promovió una audiencia especial de auxilio judicial para reclamar una omisión grave por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC): la negativa a emitir un acuerdo de no ejercicio de la acción penal, a pesar de que en la audiencia del pasado 8 de enero la propia Fiscalía anunció que retiraba su solicitud de formulación de imputación contra el exmandatario, alegando “nuevos datos de prueba”.
La decisión de la Fiscalía, tomada en aquel momento de forma sorpresiva y sin mayor explicación, dejó abierta una serie de interrogantes sobre los motivos reales detrás del cambio de criterio. La audiencia terminó abruptamente, sin una acusación formal, y con el caso en un limbo procesal que hoy intentó ser resuelto por la defensa de Ramírez.
Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, la Fiscalía Anticorrupción dio un nuevo giro: este mismo día, en medio de la audiencia, su representante Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba dejo entrever que ya se presentó una solicitud para imputar nuevamente al exgobernador.
Así, lo que parecía un intento de la defensa por finiquitar el proceso, terminó revelando un escenario más complejo. Por un lado, se buscaba el sobreseimiento en favor de Graco Ramírez; por otro, el abogado también pretendía conocer los hechos materia de imputación contra el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna.
La narrativa de la Fiscalía sigue cambiando, y con ella, las posibilidades legales para los exfuncionarios señalados.
Por ahora, el caso queda lejos de cerrarse. Y mientras el tribunal analiza las nuevas maniobras jurídicas, el proceso judicial contra Graco Ramírez y su exsecretario sigue navegando entre la opacidad institucional y las tensiones políticas que no terminan de disiparse.