La incertidumbre sigue marcando el caso del homicidio del activista y comunicador Samir Flores Soberanes, luego de que un tribunal de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) aplazó el juicio oral, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha logrado localizar a testigos clave.
El juicio, programado para iniciar a las 10:00 horas de este lunes, buscaba esclarecer la responsabilidad de Javier R. P., única persona acusada por el crimen cometido el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Temoac. Sin embargo, la ausencia de testigos esenciales para la FGR impidió el arranque del proceso, dejando en vilo a la familia de la víctima y a una sociedad que exige justicia.
Testimonios en duda y testigos ausentes
Entre los testigos que la Fiscalía busca localizar se encuentran exservidores públicos, algunos de los cuales han causado baja de sus instituciones, incluyendo peritos, agentes y mandos policiales municipales, estatales y de la propia Fiscalía estatal. Este retraso no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de irregularidades que han rodeado el caso desde sus inicios.
Uno de los testimonios clave en la acusación es el del agente de la Policía de Temoac, Enrique P. F., quien presuntamente aseguró haber visto llegar a los implicados en un auto Sentra la mañana del homicidio. Sin embargo, Enrique P. F. falleció en un accidente vehicular el 1 de abril de 2019, y su familia sostiene que su firma en la supuesta declaración fue falsificada, pues él había cambiado su firma meses antes de su muerte.
Por otro lado, Gustavo Navez Jiménez, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Olinalá, Guerrero, declaró en entrevista con El Guardián Mx que el acusado Javier R. P. estaba detenido en la barandilla de ese municipio el día del asesinato, lo que pondría en duda su participación en los hechos.
Testigos silenciados y contradicciones en la investigación
Otro testigo clave en la investigación era Marcos F., quien supuestamente tuvo conocimiento previo del asesinato de Samir Flores pero nunca lo alertó. Según su declaración, trabajaba con la esposa de Asael M. C., uno de los implicados, y escuchó cómo se planeaba el homicidio. Sin embargo, lejos de ser protegido, Marcos F. y su familia fueron retenidos como «testigos protegidos» en una casa de seguridad en Tequesquitengo, propiedad del exfiscal regional Alejandro Chávez Carmona, hasta que este fue destituido.
El 12 de diciembre de 2024, Marcos F. y una mujer fueron asesinados a balazos en Yautepec, cerrando así otra posible vía de esclarecimiento del caso.
Justicia en pausa, impunidad en marcha
El abogado defensor del acusado, Octavio Lazcano, fallecido hace dos años, había denunciado presiones por parte de la Fiscalía para aceptar un juicio abreviado, evitando así la exposición de las inconsistencias de la investigación en un juicio oral.
El tribunal de enjuiciamiento no ha informado la nueva fecha para la reanudación del proceso penal. Mientras tanto, la demora sigue alimentando las sospechas sobre la deficiente actuación de la Fiscalía de Morelos durante la investigación inicial y la fragilidad de la acusación en manos de la FGR.
El caso de Samir Flores Soberanes sigue sin resolverse y se convierte en un espejo de la impunidad que persiste en el país. Sin testigos, sin certezas, la justicia se aplaza, y con ella, la verdad sigue en la sombra.