- Autoridades penitenciarias encubren visitas íntimas clandestinas y agresiones a mujeres privadas de libertad
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, evadió responder sobre las denuncias de visitas íntimas clandestinas en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya.
En lugar de abordar el tema, sugirió que la gobernadora emitirá próximamente información relevante sobre la situación del penal femenil.
“En el caso del CERESO de Atlacholoaya femenino, le informo que la gobernadora en próximos días va a dar una situación de información relevante para el estado. Es algo (…) que les va a dar un giro en la vida», declaró el funcionario, sin detallar qué medidas se tomarán respecto a los abusos denunciados.
La omisión de Urrutia Lozano es preocupante ante las quejas recurrentes de familiares y mujeres privadas de su libertad, quienes han denunciado la existencia de visitas íntimas clandestinas organizadas por las mismas autoridades penitenciarias en complicidad con un grupo de mujeres internas.
Violaciones sistemáticas a los derechos humanos
Las denuncias van más allá de las visitas clandestinas. Internas del penal femenil han reportado torturas, golpizas y castigos arbitrarios como forma de control dentro del centro de reclusión.
Un caso específico involucra a una mujer de apellido Pineda, quien fue golpeada por una comandante identificada como Vicky. Posteriormente, la víctima fue extorsionada con la promesa de que las agresiones cesarían a cambio de dinero.
Frente a estos señalamientos, el secretario de Seguridad Pública se limitó a prometer una investigación, sin ofrecer plazos ni medidas concretas.
«Entonces, este, no demérito la información que usted tiene, la voy, la vamos a investigar con nombre y apellido, y informaremos próximamente», respondió Urrutia Lozano, evidenciando falta de claridad en su compromiso.
Mientras el gobierno estatal promete información futura, las mujeres en el penal de Atlacholoaya continúan siendo víctimas de abusos, extorsión y violencia bajo el amparo del sistema penitenciario. La falta de respuestas solo refuerza la impunidad y normaliza las violaciones a los derechos humanos dentro de los centros de reclusión en Morelos.