- El crimen se institucionaliza tras los muros del penal de Atlacholoaya
Mientras la gobernadora Margarita González Saravia insiste en un discurso de dignificación del sistema penitenciario, en el Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Morelos impera un régimen de corrupción operado desde la dirección del penal.
De acuerdo con una carta enviada por las mujeres privadas de libertad a este medio y a testimonios obtenidos , la directora Lucía Azarhet Olvera Torres mantiene un cogobierno con internas de alto perfil que controlan el tráfico de privilegios, extorsiones y castigos arbitrarios.
La estructura de poder la encabezan tres internas identificadas como Jezzarelli, Millán y Manzano, quienes manejan las llamadas visitas íntimas clandestinas (VI), un negocio millonario operado a plena luz del día con tarifas fijas y sin intervención de las autoridades.
Visitas íntimas clandestinas: tarifa oficial de la corrupción
Las visitas íntimas clandestinas ya no se realizan por la noche, sino en horarios específicos, con tarifas que oscilan entre 2 mil pesos y 3 mil pesos, dependiendo del día y la persona involucrada.
- Lunes (10:00 a 19:00 horas): $3,000 pesos
- Jueves (10:00 a 16:00 horas): $2,000 pesos
Además, la administración del penal eliminó la visita dominical de la cárcel de mujeres al área varonil, trasladándola exclusivamente a los jueves, una medida que, según denunciantes, beneficia a quienes manejan el negocio clandestino de las VI.
Castigos y extorsión: la ley del más fuerte
El control de este sistema no solo implica negocios clandestinos, sino que también se usa para aplicar represalias y extorsionar a las internas. Un caso reciente involucra a una interna identificada como Pineda, quien tras pagar por una visita íntima y consumir alcohol en varonil, fue castigada de manera arbitraria.
Tras su regreso, la directora ordenó su encierro en los locutorios de castigo, donde la comandante Vicky la golpeó. El abuso no terminó ahí: la interna Manzano fue enviada como intermediaria para exigir 5 mil pesos a la familia de Pineda a cambio de su libertad.
El pago se realizó y la interna fue liberada, pero la práctica de detenciones arbitrarias para la extorsión persiste.
¿Dignificación penitenciaria?
Las denuncias contrastan con el discurso oficial sobre la reinserción y la dignificación del sistema penitenciario. Lejos de cumplir con los principios de derechos humanos y reinserción, el penal femenil opera bajo un esquema de corrupción sistemática, donde las internas pagan por seguridad, por privilegios y hasta por evitar castigos físicos.
Los testimonios advierten que las comunicaciones dentro del penal son intervenidas, lo que impide a las internas denunciar libremente estas irregularidades. Sin embargo, la información sigue filtrándose, dejando en evidencia la red de corrupción que parece tener respaldo institucional.
La pregunta es: ¿hasta cuándo?