- Manuel Jonathan C. L. enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa, mientras Agustín H. M. falleció tras el operativo del 13 de febrero.
La Fiscalía General del Estado formuló imputaciones contra Manuel Jonathan C. L., mientras Agustín H. M. murió a consecuencia de las lesiones sufridas durante su detención.
Fuentes consultadas por este medio hablan que el caso exhibe el uso de la fuerza y la actuación de las autoridades en operativos de alto riesgo.
En el operativo, Manuel Jonathan C. L. y Agustín H. M. se vieron envueltos en el tiroteo contra Agentes, adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).
Según informó la Fiscalía en la audiencia inicial, a Manuel Jonathan se le imputaron delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio por el ataque a un grupo de agentes, entre los que se encuentran Minerva Á. G., José Pablo R. H. y Calet V. G., quienes murieron.
Asimismo, se le atribuyó tentativa de homicidio en agravio de Miguel Ángel F. M. y María I. G. G.
En la misma audiencia, una Jueza Especializada de Control declaró legal la detención de Manuel Jonathan e impuso prisión preventiva oficiosa, a la espera de la ampliación constitucional de 144 horas para su audiencia de vinculación a proceso penal.
La Fiscalía puntualizó que, si bien el detenido “no tuvo un dominio funcional del hecho”, su participación en ambos escenarios del enfrentamiento lo vincula directamente con los crímenes imputados.
Por otro lado, Agustín H. M., detenido en el mismo operativo, falleció en el Hospital General de Cuautla a causa de hemorragias hepáticas y testiculares derivadas de las múltiples lesiones sufridas durante su detención.
Fuentes consultadas han sugerido que el operativo pudo estar marcado por acciones que algunos califican como venganza privada, en un contexto en el que han surgido denuncias de cateos ilegales y detenciones arbitrarias.
El caso de Manuel Jonathan C. L. y la muerte de Agustín H. M. evidencian tensiones persistentes en la relación entre las fuerzas de seguridad y la sociedad, especialmente en lo que respecta a la garantía de procedimientos legales y el respeto a los derechos humanos.
