El caso de la desaparición forzada de J.F.S., un joven de 19 años de edad en Emiliano Zapata, Morelos, ha tomado un giro alarmante tras la imputación de ocho agentes de la policía investigados por sus vínculos con la delincuencia organizada.
La investigación, que apunta a un presunto acto de violencia estatal, ha llevado a que las ocho personas imputadas permanezcan en prisión preventiva, mientras se determina su situación legal el próximo 7 de febrero.
Una detención que terminó en desaparición
De acuerdo con el testimonio de la familia y vecinos de la víctima, la madrugada del 5 de febrero de 2024, un grupo de policías y hombres vestidos de civil irrumpió en el domicilio de J.F.S.
Entre amenazas y golpes, la persona víctima fue sacada a la fuerza y lo subieron a una patrulla tipo camioneta con el número 01000. Desde ese momento, no se volvió a saber de él.
La familia, en su desesperación, intentó rastrear su paradero en hospitales, fiscalías y dependencias gubernamentales, sin obtener respuesta.
No fue hasta mayo de 2024 cuando se confirmaron restos humanos en una fosa clandestina, lo que derivó en un proceso forense para su identificación.
Red de funcionarios vinculados
El expediente JC/095/2025 señala como imputados a Azucena G. M., Carolina G. E., Esteban G. R., Gerardo D. R., Guadalupe S. L., Miriam D. F., Santiago P. P. y Saúl T. E.
Entre los servidores públicos se hallan algunos que son investigados por supuestos vínculos con el crimen organizado, según la versión de fuentes cercanas al caso.
Los delitos imputados incluyen desaparición forzada agravada, una de las figuras más graves dentro del derecho penal mexicano.
La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva para los acusados, quienes enfrentarán una audiencia clave el próximo 7 de febrero a las 09:00 horas ante el Juez Especializado de Control, Luis Guillermo Ortega Castillo.
¿Infiltración Criminal en la Policía de Morelos?
Diversas fuentes han señalado que este caso podría estar ligado a la presunta colusión de agentes de seguridad pública con el grupo criminal La Familia Michoacana, organización con fuerte presencia en la región, pero no hay pruebas definitivas de esta conexión.
De acuerdo con las versiones extraoficiales más del 60 por ciento de las corporaciones de seguridad se encuentran infiltradas por algún grupo criminal en el estado.
Impunidad y Miedo: El Clamor de una Familia
La familia de J.F.S. ha denunciado amenazas y hostigamiento tras la desaparición. En documentos revisados, los testigos aseguran que las patrullas regresaron en varias ocasiones tras el operativo, lo que ha generado temor por su seguridad.
El caso ha desatado indignación en Morelos, donde los casos de desaparición forzada han ido en aumento, muchas veces sin justicia para las víctimas.
Organismos de derechos humanos exigen que se llegue hasta las últimas consecuencias y que este proceso no termine en la impunidad, como ha ocurrido en otros casos similares en el estado.
Mientras la audiencia del 7 de febrero se acerca, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde llega la infiltración del crimen organizado en las fuerzas del orden?