La noche del miércoles 29 de enero, René G. G., una persona privada de la libertad, falleció en el área médica del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, tras haber sufrido un infarto horas antes. Su muerte ha reavivado denuncias sobre la falta de atención médica oportuna en el sistema penitenciario del estado.
De acuerdo con testimonios de internos, René G. G. presentó signos de un infarto la mañana del mismo día y fue trasladado al área médica del penal de Atlacholoaya. Sin embargo, no fue llevado a un hospital público para recibir atención especializada, lo que, según denuncias, pudo haber sido un factor determinante en su fallecimiento.
El caso de René G. G. no es aislado. Fuentes consultadas señalan que la deficiencia en la atención médica dentro de los penales de Morelos responde a problemas estructurales, incluyendo la falta de acceso a medicamentos y la omisión de protocolos para traslados urgentes.
El programa “Cerezos Saludables” abastece de medicamentos a las personas privadas de libertad, entrega a la dirección general de reinserción social a través de la dirección técnica las medicinas, pero en muchas ocasiones, la dirección no los entrega a tiempo hasta que caducan.
A más de 100 días de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia, persisten graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en las cárceles del estado. Organismos de derechos humanos han señalado que el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad sigue sin garantizarse de manera efectiva.
En medio de estas denuncias, el Coordinador del Sistema Penitenciario, Eduardo Javier Romero Espinosa, ha sido señalado por mantener en su cargo a funcionarios de la administración anterior, entre a ellos Josué Israel Molina Díaz, responsable de la Dirección General de Reinserción Social, área clave en la gestión de la atención médica de los internos.
Las condiciones en el CERESO Morelos y la presunta omisión de las autoridades ponen en evidencia la crisis estructural del sistema penitenciario del estado, donde el acceso a la salud sigue siendo un derecho vulnerado, con consecuencias fatales.