Morelos enfrenta una crisis en el sistema judicial debido al déficit de jueces de ejecución y actos de investigación, lo que pone en entredicho el derecho de las personas justiciables a una justicia pronta y expedita. Abogados penalistas y familiares de personas privadas de la libertad han exigido la designación de más jueces especializados, particularmente en las regiones sur poniente y oriente del estado.
Actualmente, solo una jueza de Ejecución de Sanciones atiende más de 2,300 carpetas en los distritos judiciales de Cuautla y Jojutla, una carga de trabajo que hace prácticamente imposible la resolución oportuna de los casos.
Reasignaciones judiciales evidencian el problema
El pasado 21 de enero, diversos cambios de adscripción en el sistema de justicia penal de Morelos evidenciaron aún más la crisis. La jueza Gloria Angélica Jaimes Salgado, quien atendía los casos de ejecución en Cuautla y Jojutla, fue trasladada al juzgado de enjuiciamiento en Atlacholoaya. En su lugar fue designada Erika Rivera Álvarez, quien anteriormente fungía como jueza de actos de investigación en todo el estado.
El cargo que dejó Rivera Álvarez ahora lo ocupa Jorge Alberto López Salinas, quien, como único juez de actos de investigación, deberá atender todos los casos del estado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Justicia lenta, justicia negada
La falta de jueces especializados no es solo una cuestión administrativa, sino que tiene un impacto real en la vida de cientos de personas que esperan una resolución judicial. De acuerdo con principios fundamentales del sistema de justicia, el derecho a una justicia pronta y expedita está garantizado en el artículo 17 de la Constitución Mexicana. Sin embargo, el rezago judicial y la sobrecarga de trabajo en los juzgados contradicen esta garantía.
Abogados y familiares han señalado que la falta de jueces retrasa audiencias clave como revisión de medidas cautelares, resoluciones de beneficios preliberacionales y solicitudes de amnistía, lo que prolonga innecesariamente la estancia de muchas personas en prisión.
El Poder Judicial del estado aún no ha dado respuesta a las exigencias de reforzar la plantilla de jueces, pero los datos muestran una realidad preocupante: un solo juez para atender todo el proceso de actos de investigación en el estado y una jueza para más de 2,300 expedientes en dos distritos judiciales.