La audiencia de individualización de la pena y reparación del daño por el homicidio del abogado Rafael B. M. se convirtió en un punto de tensión jurídica tras ser pospuesta debido a que la nueva abogada de la defensa, Angélica Dánae Velázquez Luna, argumentó desconocer la carpeta de investigación. En su intervención, solicitó un aplazamiento para garantizar una defensa adecuada.
El caso, que involucra a Hugo Ochoa Delgado y José Alfredo Uribe Domínguez, exdirector y exsubdirector de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (SEPRAC), ha captado la atención pública debido a las circunstancias que rodean el crimen y las controversias legales que se han presentado desde el inicio del proceso.
Lo anterior luego de que las magistradas de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado revocaron la sentencia de absolución dictada por un tribunal de enjuiciamiento y emitieron una sentencia condenatoria en contra de los ahora libertos.
Un retraso por cambio de defensa
La audiencia, programada originalmente para las 11:00 horas del 21 de enero en la Sala 2 del Juzgado de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, comenzó con una hora y media de retraso debido a un contratiempo en la integración del tribunal.
Los acusados, Hugo Ochoa y José Alfredo Uribe, no estuvieron presentes, ya que su nueva abogada presentó constancias médicas para justificar su ausencia.
La agente del Ministerio Público, Mariana Becerra González, solicitó al tribunal declarar a ambos acusados como sustraídos de la acción de la justicia. Sin embargo, esta solicitud fue desestimada por la jueza Leticia Damián Avilés, quien consideró válidos los justificantes médicos presentados.
Por otro lado, Severo Alberto Morales Briseño, asesor jurídico de la víctima destacó que en una primera instancia las dos personas acusadas fueron absueltas pero un tribunal de alzada revocó dicha sentencia.
“La Sala encontró elementos suficientes para determinar la responsabilidad penal, lo cual significa que la teoría del caso de la Fiscalía, sí fue soportada por las pruebas aportadas en el juicio oral, contrario a la sentencia de primera instancia”, dijo el asesor.
Antecedentes del caso
La Fiscalía sostuvo que Rafael B. M., un abogado de 39 años, fue asesinado el 2 de septiembre de 2021 tras salir de un restaurante en Cuernavaca, donde presuntamente se reuniría con Hugo Ochoa Delgado, su socio en un negocio de licitaciones.
Sin embargo, testimonios de una mesera y la dueña del restaurante contradicen la versión de Ochoa, quien asegura haber estado presente en la reunión.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que ambos acusados fueron ubicados por medio de sus teléfonos móviles cerca de la escena del crimen. Además, el teléfono de la víctima fue rastreado un día después del asesinato en las instalaciones de la SEPRAC, donde ambos imputados trabajaban.
La Fiscalía sostiene que el homicidio de Rafael B. M. está vinculado a un fraude relacionado con una licitación inexistente, en la que la víctima habría invertido 840 mil pesos.
Decisión del tribunal y nueva fecha
Tras escuchar a las partes, la jueza Damián Avilés resolvió reprogramar la audiencia para el 29 de enero, con el objetivo de garantizar el derecho a una defensa adecuada. Asimismo, declaró por abandonada la defensa de uno de los abogados anteriores, quien no acudió a la cita a pesar de haber sido notificado.
Mientras tanto, las familias de la víctima y de los acusados esperan que el próximo 29 de enero sea un paso definitivo para resolver uno de los casos más controvertidos en el ámbito judicial de Morelos.