- El exgobernador de Morelos comparece ante un juez penal por presunto ejercicio abusivo de funciones; la sorpresiva retirada de la imputación genera dudas sobre el manejo del caso.
La sala del Juzgado Penal de Atlacholoaya fue escenario de una audiencia que parecía impensable hace unos años: Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, exgobernador del estado de Morelos, ocupaba el banquillo de los imputados.
Vestido con un sobrio saco oscuro y camisa a rayas, llegó en una camioneta conducida por Ángel Colín López, exsecretario de Gobierno durante su mandato.
Su entrada, marcada por privilegios que no pasaron desapercibidos, como el acceso directo al estacionamiento exclusivo del personal judicial, daba un anticipo de lo que sería una audiencia cargada de sorpresas.
Un proceso controvertido desde el inicio
La audiencia, programada a las 09:00 horas, giraba en torno a un presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.
El caso señalaba a Graco Ramírez por un crédito de 600 mil pesos que obtuvo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, el cual, según la Fiscalía Anticorrupción, habría sido gestionado de manera irregular.
Sin embargo, el contexto del caso venía cargado de cuestionamientos sobre el desempeño de la Fiscalía Anticorrupción.
Durante más de cuatro años, la institución había mostrado una notable resistencia a investigar al exmandatario, retrasando su presentación ante un juez penal, a pesar de la denuncia en su contra.
En el estrado, el abogado defensor de Graco Ramírez, Juan Carlos Luna Avilez, argumentó que el crédito en cuestión era un derecho adquirido por su cliente como «afiliado», que además había sido liquidado con intereses.
Citó como antecedente el caso de Paula Trade Hidalgo, también vinculada al mismo conflicto, quien fue exonerada en instancias previas. «No existe ningún daño patrimonial para el Instituto, ni fundamento para esta imputación», sostuvo Luna Avilez.
Por su parte, el Fiscal Anticorrupción, Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, y la asesora jurídica del Instituto, Alma Hernández Pérez, rechazaron de inicio la solicitud de la defensa para sobreseer el caso.
Ellos argumentaron que el juez, César Augusto Galán Delgado, aún no conocía los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, por lo que era prematuro tomar una decisión definitiva.
Un giro inesperado: la Fiscalía se desiste
Tras un receso de diez minutos, el juez ordenó que la audiencia continuara. Pero justo cuando parecía que el proceso avanzaría, la Fiscalía Anticorrupción dio un giro inesperado:
El Ministerio Público anunció su decisión de retirar la solicitud de imputación contra Graco Ramírez, bajo el argumento de que «nuevos datos de prueba» habían cambiado el rumbo del caso.
La medida tomó por sorpresa a los asistentes a la audiencia. La abrupta retirada de la acusación no solo marcó el final anticipado de la sesión, sino que generó una ola de interrogantes sobre los motivos reales detrás de la decisión.
¿Qué nuevos elementos pudieron surgir para justificar este cambio radical? ¿O fue este un ejemplo más de justicia selectiva en beneficio de personajes influyentes?
Reacciones y dudas persistentes
Al salir de la audiencia, Graco Ramírez no ocultó su satisfacción. Con una sonrisa visible declaró: «Yo me asumo como un funcionario que no ha cometido delito alguno, aquí estoy». Sin embargo, este episodio refleja las inconsistencias de un proceso que desde su inicio estuvo plagado de irregularidades.
El manejo del caso por parte de la Fiscalía Anticorrupción ha sido objeto de escrutinio constante. A lo largo de los años, su aparente renuencia a proceder contra el exgobernador alimentó las sospechas de un trato preferencial.