Morelos enfrenta un nuevo episodio de violencia, ahora con impacto directo en el Poder Judicial. Tres magistrados denunciaron amenazas de muerte en su contra y ataques a sus domicilios durante la última sesión del pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), poniendo en evidencia la creciente inseguridad en la entidad.
La mañana del lunes 6 de enero, en el marco de una sesión ordinaria del pleno del TSJ, las magistradas Cecilia Verónica López Gonzáles, Martha Sánchez Osorio y el magistrado Arturo Loza Flores hicieron pública una preocupante denuncia: en las últimas horas recibieron amenazas de muerte, tanto por mensajes telefónicos como a través de agresiones físicas a sus domicilios.
“En la madrugada de hoy, personas desconocidas balearon el portón de mi domicilio y dejaron una cartulina con amenazas de muerte en mi contra”, reveló durante la sesión la magistrada López Gonzáles, visiblemente afectada.
Por su parte, la magistrada Martha Sánchez Osorio narró que cerca de las 8:00 de la mañana recibió un mensaje en su teléfono móvil con una amenaza explícita hacia ella y su familia. En un relato similar, el magistrado Arturo Loza Flores confirmó haber sido blanco de intimidaciones en las últimas horas.
El magistrado presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, expresó su solidaridad con sus compañeros afectados y calificó los hechos como un ataque sin precedentes al Poder Judicial. «Esto no puede quedar impune. Convocaremos a una conferencia de prensa para exponer esta situación públicamente y solicitar medidas urgentes de protección», afirmó Gamboa Olea durante la sesión.
Asimismo, propuso una reunión inmediata con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, y con el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para coordinar acciones de respuesta ante las agresiones y garantizar la seguridad de los magistrados y sus familias.
La violencia que no da tregua en Morelos
Este episodio pone de manifiesto la grave situación de inseguridad en Morelos, donde la violencia no solo afecta a la ciudadanía, sino que ahora también alcanza a las instituciones de justicia. Las amenazas y ataques contra los magistrados del TSJ no solo representan un atentado contra su seguridad personal, sino también un golpe a la autonomía e independencia del Poder Judicial, pilares fundamentales en cualquier estado de derecho.
Analistas consultados coinciden en que este tipo de hechos podrían estar relacionados con la labor judicial que desempeñan las víctimas, lo que plantea preguntas urgentes sobre las garantías de seguridad para los operadores de justicia en el estado.
La denuncia de los magistrados del TSJ de Morelos es un recordatorio alarmante de cómo la inseguridad permea cada rincón de la entidad, incluyendo las instituciones encargadas de hacer valer la ley. Frente a este escenario, no solo se necesitan respuestas inmediatas, sino también un compromiso sostenido para garantizar que quienes defienden la justicia puedan ejercer su labor sin temer por su vida ni la de sus familias.
El desafío ahora está en manos de las autoridades, que deberán demostrar con hechos concretos que la justicia puede prevalecer incluso en un clima de violencia e intimidación.