Un Juez de Distrito, especializado en control de detención, vinculó a proceso a cuatro personas detenidas el pasado viernes 6 de diciembre a las afueras del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Morelos.
Las personas imputadas, identificadas como Leonardo C. V., Alexander L. M., Adrián J. T. y Diego F. C., enfrentan cargos por la posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana.
La decisión se tomó durante una audiencia realizada la tarde de este sábado en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF).
El juzgador determinó que, aunque en esta etapa del proceso no se requiere certeza absoluta, existen suficientes indicios para sostener los cargos y concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Sin embargo, la defensa legal de las personas detenidas, encabezada por un abogado defensor público federal, expuso presuntas irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por los agentes aprehensores.
Según señaló, existe un margen de más de una hora y media sin justificación sobre el paradero de los detenidos tras su aprehensión, quienes además presentaron lesiones al momento de su puesta a disposición.
De acuerdo con los informes policiales, la detención se produjo alrededor de las 22:05 horas, cuando agentes de la Policía de Xochitepec, interceptaron a las cuatro personas en posesión de armas de fuego y una camioneta blindada.
Sin embargo, la defensa evidenció contradicciones en el Informe Policial Homologado (IPH). En particular, se señaló que los horarios reportados por los agentes no coinciden con el testimonio de otros funcionarios presentes en el CJPF, quienes ubicaron el hecho inicial a las 21:30 horas.
Además, el abogado defensor alegó que los detenidos fueron trasladados en condiciones irregulares antes de ser entregados a la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el informe, el conductor de la grúa que aseguró el vehículo llegó hasta las 22:30 horas, dejando sin explicación lo ocurrido entre el momento de la detención y la entrega de los imputados.
El caso ha puesto de relieve preocupaciones sobre posibles violaciones a los protocolos de detención y respeto a los derechos humanos, una situación recurrente que organizaciones de derechos civiles han señalado en el estado.
Pese a las observaciones de la defensa, el juez resolvió que las inconsistencias señaladas deberán analizarse durante el desarrollo del proceso penal, mientras que los imputados permanecerán sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.
La resolución se da en un contexto de creciente tensión en Morelos, donde el gobierno estatal ha presumido avances en la lucha contra la delincuencia organizada, mientras acusa a jueces y magistrados de permitir la liberación de presuntos delincuentes.
Sin embargo, casos como este han generado críticas hacia los cuerpos policiacos por su presunta falta de apego a los protocolos legales durante los arrestos.