La Fiscalía General de la República (FGR) presentó, la mañana de este lunes, cargos contra cuatro personas detenidas el pasado viernes en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos.
Las personas, identificadas como Leonardo C. V., Alexander L. M., Adrián J. T. y Diego F.C., son imputadas por portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas, motivo por el cual se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, el caso ha desatado controversia debido a presuntas irregularidades en el Informe Policial Homologado (IPH) presentado por los agentes de la policía municipal de Xochitepec que llevaron a cabo la detención.
Los hechos según la parte policial
La versión oficial dice que los hechos ocurrieron el viernes 6 de diciembre a las 22:40 horas, cuando los agentes recibieron un reporte sobre la presencia de cuatro personas en una camioneta estacionada en la avenida Alta Tensión del poblado de Atlacholoaya.
Esta zona se encuentra entre la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y el Centro de Justicia Penal Federal.
Al llegar al lugar a las 22:50 horas, los policías afirmaron haber encontrado a los ocupantes de la camioneta intentando ocultarse. Según el informe, el conductor, identificado como Leonardo, descendió del vehículo portando una pistola en la cintura y se dirigió a un oficial con insultos.
Alexander, otro de los ocupantes, también fue detenido por portar un arma similar, mientras que Adrián y Diego, quienes iban en la parte trasera del vehículo, presuntamente tenían en su poder un arma larga.
La detención formal de las cuatro personas ocurrió a las 23:20 horas, pero no fue sino hasta las 04:37 horas del sábado que fueron puestos bajo custodia del agente del Ministerio Público.
Señalamientos de irregularidades
Durante la audiencia de control, el abogado defensor de los imputados señaló diversas inconsistencias en el parte informativo de los agentes aprehensores, identificados como Vicente, Alejandro y Jorge.
Entre las irregularidades destacadas, mencionó que los tiempos reportados no concuerdan y que los detenidos no fueron informados de sus derechos, lo que quedó evidenciado en la falta de constancias firmadas.
Asimismo, el abogado argumentó que los hechos narrados por los policías podrían no corresponder a la realidad y aseguró que sus clientes fueron golpeados durante la detención.
Pese a los señalamientos, el Juez de Distrito calificó como legal la detención, aunque reconoció que existen elementos poco claros en el caso. Sin embargo, aclaró que dichos aspectos podrían abordarse en la audiencia de vinculación a proceso, programada para el próximo sábado.
Por su parte, las personas imputadas optaron por reservarse su derecho a rendir declaración y solicitaron un plazo de 144 horas para preparar su defensa. La Fiscalía, en tanto, formalizó la imputación en su contra.
El caso ha generado interés público porque existe más detenciones irregulares en la administración de Margarita González Saravia. Hay denuncias de posibles abusos por parte de la agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Auxilio Ciudadano, lo que conlleva que los asuntos no prosperen y no exista justicia.
