Cuatro hombres en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército fueron detenidos la noche del viernes 6 de diciembre, confirmó en comunicado de prensa el Gobierno del Estado.
La Mesa de Coordinación de Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad reveló que en un operativo interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ubicó y detuvo a las cuatro personas al interior de una camioneta Jeep Grand Cherokee negra, blindada.
En el vehículo, se encontraron un arma larga calibre .223 y dos armas cortas, además de documentos que presuntamente los vincularían con delitos de extorsión.
Las personas detenidas fueron identificadas como Diego “N”, Leonardo “N”, Adrián “N” y Alexander “N”, este último sin antecedentes penales. Los tres primeros cuentan con registros por delitos como extorsión, asociación delictuosa y portación de armas de fuego, según información proporcionada por las autoridades. Todos fueron puestos a disposición de la delegación en Morelos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, el caso ha despertado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades ya que a través de un video difundido en redes sociales por un grupo delictivo anónimo sugieren que las detenciones podrían estar relacionadas con pugnas internas entre organizaciones criminales, aunque estas afirmaciones no han sido corroboradas por fuentes oficiales.
Presunción de inocencia bajo amenaza
La reacción pública y mediática ha puesto en evidencia un problema recurrente en casos de alto impacto: la criminalización anticipada de los detenidos. La presunción de inocencia, garantizada por el artículo 20 de la Constitución Mexicana y diversos tratados internacionales, exige que toda persona sea considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial justo.
«Es indispensable que la investigación se lleve a cabo con estricto apego a la legalidad, respetando los derechos de las personas detenidas. Esto incluye el acceso a una defensa adecuada y la garantía de que no sean condenadas en el ámbito público antes de que se presenten pruebas suficientes en un tribunal», señaló un abogado penalista consultado para esta nota.
El contexto de un sistema judicial bajo escrutinio
El caso ocurre días después de que la Primera Sala de Cuautla dictara la libertad absolutoria de dos personas previamente condenadas por un triple homicidio calificado. Las autoridades estatales han solicitado investigar el procedimiento que llevó a esa resolución, argumentando que fue emitida «fuera de audiencia y sin citar a las partes en juicio».
Las detenciones del pasado viernes, aunque inicialmente presentadas como un éxito en materia de seguridad, deberán ser analizadas con cuidado para garantizar que las pruebas recabadas hayan sido obtenidas de manera legal y que no exista ningún indicio de fabricación de delitos, otra práctica que ha sido señalada en casos previos.
