Francisco Bustamante Urdaneta, un ciudadano de Cuernavaca, denunció públicamente lo que considera graves irregularidades en el proceso penal que enfrenta desde octubre de 2023, en el cual se le acusa de un presunto caso de violencia familiar.
Según su testimonio, las anomalías en su caso comprometen su derecho al debido proceso y reflejan posibles actos de corrupción dentro del sistema judicial del estado.
Bustamante fue detenido el 5 de octubre de 2023 en el Club de Golf Los Tabachines, tras una denuncia anónima que derivó en una orden de aprehensión.
En la audiencia inicial, se le informó que la querella había sido presentada por su madre, quien supuestamente lo acusaba de haberla agredido en un lugar público.
Sin embargo, Bustamante asegura que no se encontraba con su madre ese día y que, además, existen testigos y grabaciones de cámaras de seguridad que demostrarían que el incidente nunca ocurrió.
Una denuncia bajo presión
El caso tomó un giro inesperado cuando, durante la audiencia inicial, la madre del acusado declaró que nunca había interpuesto la denuncia.
Según afirmó, fue obligada por policías estatales a firmar una declaración en su domicilio a las 4 de la madrugada del día posterior a la detención.
La madre del imputado presentó, además, videos de su casa con las horas exactas que respaldarían sus declaraciones sobre la actuación irregular de los elementos policiacos.
A pesar de esto, el juez dictó prisión preventiva contra Bustamante argumentando que representaba un riesgo para su madre.
Francisco permaneció siete días en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya hasta que, en una segunda audiencia, el juez y el Ministerio Público acordaron suspender el proceso bajo la condición de cumplir ciertas medidas cautelares por un periodo de 18 meses.
Nuevas condiciones y presuntas amenazas
Doce meses después de cumplir dichas medidas, Bustamante denuncia haber sido sometido a nuevas y más estrictas condiciones impuestas arbitrariamente por el juez de ejecución.
Estas incluyen presentarse semanalmente a audiencias, reportar su ubicación en tiempo real diariamente y permitir visitas aleatorias de elementos policiacos en su domicilio.
Lo más alarmante, según relata, es que estas medidas se han extendido por 18 meses adicionales, a pesar de que únicamente faltaban seis meses para cumplir con el periodo originalmente establecido.
Bustamante asegura haber sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones por diversas autoridades, lo que, según él, lo mantiene en un estado de indefensión.
En su declaración pública, expresó su temor ante lo que califica como una red de corrupción que involucra a autoridades estatales, empresarios y presuntos grupos criminales.
Un llamado a la justicia
Este caso pone en el centro del debate el respeto al debido proceso y el papel de las instituciones encargadas de garantizar la justicia en Morelos.
Organismos de derechos humanos han señalado previamente las fallas estructurales en el sistema penal acusatorio en México, especialmente en cuanto al abuso de medidas cautelares como la prisión preventiva y la prolongación de procesos.
Francisco Bustamante hace un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para garantizar su seguridad y revisar las irregularidades denunciadas en su caso. «Temo por mi vida y por mi libertad.
Estoy siendo silenciado por un sistema que parece estar diseñado para proteger a quienes actúan al margen de la ley», afirmó.
Por su parte, hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades locales no han emitido una respuesta oficial sobre estas acusaciones.
Contexto legal
El artículo 20 de la Constitución Mexicana garantiza a los imputados en procesos penales el derecho a un juicio justo y al respeto de su presunción de inocencia.
Asimismo, el uso indebido de declaraciones obtenidas bajo coacción o amenazas constituye una violación a los derechos humanos, lo que podría derivar en la nulidad de los procedimientos legales.
Este caso subraya la necesidad de una revisión profunda del sistema judicial en Morelos, así como de mecanismos efectivos para investigar posibles actos de corrupción e irregularidades que puedan derivar en injusticias o en el abuso de poder por parte de autoridades.