En un intento por rediseñar el sistema penitenciario del estado, en la administración de la Gobernadora Margarita González Saravia han trascendido cambios en los mandos de diversos centros penitenciarios, incluyendo las cárceles distritales de Jojutla y Cuautla, así como el penal de Atlacholoaya.
Sin embargo, los nombramientos de los nuevos directores han generado controversia, al destaparse antecedentes de presuntos actos de corrupción y abusos en sus trayectorias profesionales previas.
Entre los nuevos funcionarios se encuentran Eduardo Javier Romero Espinoza, designado como Coordinador del Sistema Penitenciario; José de Jesús Zavala Valdés, Director Operativo de los Centros Penitenciarios; y Pablo Guillén Morales, quien asumió como director del penal de Atlacholoaya.
La llegada de estos mandos ocurre en medio de una crisis penitenciaria marcada por fugas, riñas violentas y denuncias de extorsión en los centros de reinserción social de Morelos.
Nombramientos bajo la lupa
El historial de los nuevos encargados del sistema penitenciario ha despertado serias preocupaciones. Eduardo Javier Romero Espinoza, según investigaciones periodísticas, estuvo vinculado a denuncias por irregularidades en el penal de Cieneguillas, Zacatecas.
También es denunciado, José de Jesús Zavala Valdés por supuestos abusos físicos y verbales, no solo hacia los custodios, sino también hacia las personas privadas de su libertad.
Otro caso es de Pablo Guillén Morales, nuevo director del penal de Atlacholoaya, también arrastra un historial de acusaciones por prácticas de intimidación y abuso de poder en el penal de Villa Comaltitlán, Chiapas.
En tanto, Fuentes cercanas señalan que los nombramientos podrían entorpecer los esfuerzos de humanización prometidos por la actual administración estatal.
Un sistema penitenciario en crisis
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos no ha emitido información oficial sobre los recientes cambios, pero el contexto no es alentador.
Las cárceles del estado han sido escenario de motines, homicidios y múltiples violaciones a derechos humanos. Atlacholoaya, en particular, ha estado en el ojo del huracán, con reportes constantes de autogobiernos, corrupción de custodios y violencia entre internos.
La Gobernadora González Saravia ha subrayado que su administración busca combatir la corrupción al interior de los penales y humanizar estos espacios, pero los nombramientos recientes parecen ir en dirección contraria a este objetivo.
En su más reciente declaración pública, la mandataria señaló que próximamente se presentará un plan integral de reforma penitenciaria para el periodo 2024-2030, aunque no se especificó cómo se resolverán las irregularidades históricas que persisten en el sistema.
Víctimas silenciosas: las PPL y sus familias
Las condiciones en los penales de Morelos continúan siendo un terreno fértil para la violación sistemática de derechos humanos.
Las personas privadas de la libertad enfrentan abusos que van desde extorsiones por parte de custodios hasta la privación de servicios básicos, una situación que afecta directamente a sus familias, quienes muchas veces se ven obligadas a pagar “cuotas” para garantizar la seguridad de los internos.
Organizaciones civiles han advertido que la falta de transparencia en los nombramientos penitenciarios perpetúa un sistema que privilegia intereses particulares sobre la rehabilitación y reinserción social de las PPL.
Reflexión final
Los recientes cambios en los mandos penitenciarios de Morelos no solo evidencian la profundidad de la crisis en el sistema carcelario, sino que también cuestionan la voluntad real de transformar estas instituciones.
Mientras los nuevos directivos arrastren antecedentes de corrupción y abuso, la promesa de humanización en los penales quedará relegada a un discurso vacío.
Las víctimas invisibles de estas decisiones –las personas privadas de la libertad y sus familias– seguirán siendo las más afectadas, en un sistema que no solo les niega justicia, sino que además los expone a una cadena perpetua de violaciones a sus derechos fundamentales.
La pregunta queda abierta: ¿es este el cambio que Morelos necesita?