Productor del programa “Sembrando Vida” denuncia abusos durante operativo en propiedades agrícolas
En el marco de un operativo encabezado por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) el pasado jueves 14 de noviembre, Gabriel Flores Sotelo, un productor agrícola de 77 años y participante del programa federal “Sembrando Vida”, denunció irregularidades durante los cateos realizados en dos casas y un rancho de su propiedad en la comunidad de Cocoyotla.
El despliegue táctico, que incluyó a fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y otras corporaciones estatales, tuvo como objetivo intervenir inmuebles presuntamente vinculados al grupo delictivo “La Familia Michoacana”.
Sin embargo, Flores Sotelo asegura que sus propiedades no tienen relación alguna con actividades ilícitas y calificó las acciones de las autoridades como un abuso de poder que vulneró su patrimonio y reputación.
“Soy gente de trabajo, no un delincuente”
En entrevista, Gabriel Flores detalló que las autoridades ingresaron a su rancho sin previo aviso ni citación judicial, causando daños y afectando sus actividades económicas. “Soy gente de trabajo desde que era pequeño. Lo que tengo, lo he comprado con esfuerzo, y tengo con qué comprobarlo”, afirmó.
Durante el operativo, asegura, las autoridades colocaron sellos en sus propiedades, confiscaron bienes y hasta se llevaron un gallo de pelea traído por sus hijos desde Estados Unidos.
“Esto para mí es un abuso de confianza. ¿Cómo limpio mi honor después de esto? Yo lo único que quiero es que investiguen primero y actúen después”, enfatizó.
El productor destacó que no fue detenido ni se le notificó de ninguna acusación formal. “Gracias a Dios no estaba en una de mis casas cuando se metieron; si no, ¿qué habría pasado? Exijo que me respeten y que retiren los sellos de mis propiedades”.
El operativo: una estrategia bajo escrutinio
El cateo en Cocoyotla fue parte de una acción más amplia que abarcó también los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla. Según la Fiscalía, los operativos tenían como objetivo combatir delitos de alto impacto, como extorsión y privación de la libertad, y se informó la captura de Jaime “N”, alias “La Parka”, presunto integrante de “La Familia Michoacana”.
Las autoridades también aseguraron armas, cartuchos útiles, sustancias ilícitas y autopartes durante las acciones. No obstante, Flores Sotelo afirmó que su caso demuestra la falta de rigor en las investigaciones. “Aquí no hay nada de La Familia Michoacana. En este pueblo somos gente de trabajo. Las autoridades deberían comprobar antes de actuar y no basarse en chismes”, dijo el agricultor.
Un daño económico y moral
Además de las afectaciones materiales, Gabriel Flores señaló que los sellos colocados en sus propiedades han detenido sus actividades agrícolas y económicas. Su rancho, donde guarda maquinaria esencial como un tractor, ha quedado paralizado. Esto, añadió, pone en riesgo su sustento y el de su familia.
“Estoy perdiendo dinero porque no puedo usar mi tractor ni entrar a mis tierras. Esto no se vale. Yo estoy peleando mis derechos, y lo único que pido es que se me respete”, reiteró.
El productor también expresó su preocupación por el daño a su reputación, derivado de señalamientos infundados. “La gente habla por ardor, pero yo siempre he trabajado honradamente. Aquí, en mi pueblo, cualquiera puede preguntar quién soy. No tengo nada que esconder”, sostuvo.
¿Excesos en los operativos de seguridad?
El caso de Gabriel Flores pone en entredicho los procedimientos de las autoridades durante operativos de seguridad, especialmente en comunidades rurales.
Las denuncias por allanamientos injustificados, confiscaciones arbitrarias y daños a la propiedad privada no son nuevas en Morelos, y reflejan un patrón preocupante en el manejo de las acciones de combate al crimen organizado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que estas prácticas no solo violan garantías individuales, sino que también afectan a comunidades enteras al criminalizar a ciudadanos inocentes.
En este caso, el productor de “Sembrando Vida” asegura que no hubo detenidos ni evidencia en sus propiedades que justifique el operativo.
Un llamado a las autoridades
Gabriel Flores ha hecho un llamado a la Fiscalía de Morelos para que revise su caso, retire los sellos de sus propiedades y repare el daño causado. Asimismo, pidió a las autoridades actuar con mayor rigor en sus investigaciones para evitar afectar a ciudadanos ajenos a los delitos que buscan combatir.
“Solo quiero que me respeten y que me quiten esos sellos. Yo no tengo nada que ver con lo que buscan. Las autoridades deben resolver esto porque son ellos quienes lo ocasionaron”, concluyó Flores.