El Poder Judicial emitió una orden de aprehensión contra Mario Figueroa Mundo, exalcalde de Taxco de Alarcón, por su presunta implicación en la desaparición forzada y el asesinato del periodista Enrique Hernández Aviléz, corresponsal de la revista “Contacto Policiaco”.
Enrique Hernández desapareció el 18 de junio de 2024, según la denuncia presentada por su pareja, Alejandra V. M., quien señaló que esa madrugada el periodista salió de casa y nunca regresó.
Más de dos meses después, su cadáver fue hallado enterrado clandestinamente en una zona conocida como “La Calavera”, en Taxco.
Testimonios de policías municipales, recabados durante la investigación, apuntan directamente a la participación de Figueroa Mundo y su secretario de seguridad, Christopher Hernández Cuevas, alias «La Sombra», quienes, presuntamente, actuaban en complicidad con la organización criminal La Familia Michoacana.
Cronología de un crimen atroz
El expediente judicial C-212/2024 detalla los momentos clave que llevaron a la desaparición y muerte del periodista.
En la madrugada del 18 de junio, Enrique Hernández fue interceptado en su vehículo por agentes de la policía municipal de Taxco, quienes, bajo órdenes de Christopher Hernández Cuevas, lo sometieron violentamente.
Uno de los policías presentes, Ángel Alberto Contreras Torres, reconoció en su testimonio que Enrique, al ser detenido, pidió su ayuda mientras era agredido físicamente. Sin embargo, sus súplicas fueron ignoradas.
Según la declaración de Contreras, el secretario de seguridad respondió con insultos y amenazas al intentar mediar por su amigo.
“Esto no se va a quedar así. Yo soy periodista y esto que están haciendo no es conforme a la ley”, habría dicho Enrique, a lo que “La Sombra” contestó con desprecio y más amenazas.
El periodista fue llevado a los separos de la policía, donde, según los testimonios, fue sometido a torturas y golpes antes de ser asesinado. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado clandestinamente a “La Calavera” y enterrado.
La declaración de Contreras revela el nivel de impunidad con el que operaban las autoridades municipales, quienes lo amenazaron con represalias si se negaba a colaborar.
«A tu amigo ya se lo llevó la verga. Ahora tú verás si quieres que te pase lo mismo», le habría dicho el exalcalde Mario Figueroa.
Un periodista bajo amenaza constante
El asesinato de Enrique Hernández no fue un acto aislado. Antes de su desaparición, el periodista había denunciado en repetidas ocasiones la colusión entre el gobierno local y grupos del crimen organizado, específicamente La Familia Michoacana.
Alejandra V. M., pareja del periodista, confirmó que Enrique había recibido amenazas directas de Mario Figueroa, quien le exigió que dejara de publicar notas en su contra.
Estas denuncias evidencian cómo la convivencia entre autoridades y grupos criminales se ha convertido en un factor clave para el ejercicio de la violencia contra periodistas en México.
El panorama de un México peligroso para la prensa
El asesinato de Hernández Aviléz es un reflejo del alto costo que implica buscar la verdad en un país considerado uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
De acuerdo con organizaciones internacionales, desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados en México, y la gran mayoría de estos casos permanecen impunes.
Taxco, un municipio reconocido por su riqueza cultural y minera, ha sido también escenario de conflictos entre cárteles de la droga y autoridades corruptas. Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los comunicadores frente a estructuras de poder que operan con total impunidad.
Implicaciones legales y sociales
La orden de aprehensión contra Mario Figueroa Mundo, girada por el Juez Especializado de Control Rodrigo Ramos García, representa un punto de inflexión en términos legales.
La Fiscalía Especializada en Delitos Graves ha presentado pruebas contundentes para acusar al exalcalde de desaparición forzada, un crimen considerado de lesa humanidad. No obstante, hasta el momento de la publicación de esta nota, Figueroa sigue prófugo de la justicia.
Además del castigo a los responsables, este caso reabre el debate sobre la protección a periodistas en México. La sociedad exige garantías reales para evitar que crímenes como este se repitan, y que la libertad de expresión deje de ser una sentencia de muerte.