*Congreso local aprueba exhorto para frenar cobros indebidos en servicios de arrastre y depósito de vehículos*
Ante la creciente indignación ciudadana por los abusos de algunas empresas de grúas y corralones, el Congreso local aprobó un llamado a las autoridades federales para poner fin a esta práctica que afecta el bolsillo y la confianza de los ciudadanos.
El exhorto, presentado por el diputado Gerardo Abarca Peña, exige a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reforzar la supervisión del servicio de arrastre y depósito de vehículos, y aplicar sanciones contra los permisionarios que se benefician de cobros excesivos e ilegales.
La iniciativa surge de las numerosas quejas de ciudadanos que han denunciado cobros desproporcionados e irregulares por parte de empresas que operan bajo permisos federales.
Estos abusos incluyen tarifas infladas, cobros por conceptos no autorizados y un deficiente control de los kilómetros de traslado, a pesar de la normativa establecida en el Reglamento de Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento, expedido en 2023.
Dicho reglamento, según Abarca Peña, introdujo tarifas reguladas y la obligación de registrar la distancia de traslado mediante GPS para evitar sobrecargos, medidas que, en muchos casos, no se cumplen.
Abarca Peña subrayó la importancia de que los ciudadanos reporten estos abusos y corrupción ante las autoridades correspondientes, enfatizando que solo a través de la denuncia y la acción colectiva se podrá erradicar esta práctica.
De cada 100 mil habitantes, el 14% ha sido víctima de actos de corrupción en servicios de grúas y corralones. Estos datos son alarmantes y demuestran la necesidad urgente de depurar el sistema y proteger los derechos de los ciudadanos, señaló el legislador.
El Congreso también instó a la Guardia Nacional y a otras instancias de seguridad a investigar y tomar medidas efectivas para combatir estos actos de corrupción. La falta de control y sanción en el sector no solo afecta económicamente a los afectados, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa un modelo de impunidad que beneficia a unos pocos en detrimento de muchos.
La aprobación de este exhorto representa un primer paso hacia un sistema más transparente y justo en el servicio de arrastre y depósito vehicular. Sin embargo, Abarca Peña advirtió que sin un esfuerzo real de las autoridades para aplicar sanciones y erradicar la corrupción en este sector, los abusos continuarán.
El mensaje es claro: basta de abusos y corrupción en los servicios de grúas y corralones.