En una audiencia que se extendió hasta la mañana de hoy, un juez del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) vinculó a proceso penal a tres de las cinco personas detenidas por su presunta participación en una red de trata de infantes en la zona oriente de Morelos.
Eduardo Antonio Velazco Treviño, Juez Especializado de Control, encontró indicios suficientes para abrir una investigación formal contra Dalindi C. C., Jesús Alberto L. J. y Pablo César O. G., imputados el pasado miércoles por secuestro agravado.
Las tres personas son relacionadas con la desaparición del bebé Joshua N. N., quien fue reportado como desaparecido el 2 de julio de 2024 y rescatado en un operativo conjunto realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Jiquipilas, Chiapas.
El pasado 12 de septiembre en Jiquipilas, fue arrestada María de los Ángeles L. J., quien tenía bajo su custodia al bebé Joshua, así como a otros tres niños que aún no han sido identificados por las autoridades. Hasta el momento, se desconoce si estos niños están vinculados a otros casos de desaparición infantil.
María de los Ángeles fue detenida en flagrancia y enfrenta cargos por desaparición cometida por particulares y secuestro agravado. Actualmente, se encuentra bajo la custodia de un juez en Chiapas.
Según la investigación de la FGR, Dalindi C. C. es señalada como una de las dos mujeres que, mediante engaños, secuestraron a Yucari Nayeli T. C. y a su hija de 8 años, Sofía B. T., con el fin de apropiarse del bebé Joshua. Trágicamente, los cuerpos de Yucari Nayeli y Sofía fueron hallados sin vida el 3 de julio en Jantetelco, Morelos.
Dalindi fue detenida junto con su pareja, Jesús Alberto L. J., en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, cuando intentaban huir. En paralelo, su madre, Lizani C. C., y Fredy C. C., quienes fueron liberados tras su detención, fueron arrestados en Izúcar de Matamoros, Puebla. Pablo César O. G., por su parte, fue capturado en Cuautla, Morelos.
Pablo César O. G. está implicado en el caso debido a que, presuntamente, gestionaba trámites ante el registro civil para obtener documentación de los bebés que habían sido secuestrados.
Las investigaciones también revelan, a través de intervenciones telefónicas, que los menores secuestrados eran presuntamente vendidos por 120 mil pesos a una red de trata de infantes con operaciones en Centroamérica.
Con las pruebas recabadas hasta el momento, la FGR continuará con la investigación, mientras las personas implicadas enfrentarán un proceso judicial para ser juzgados por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada.
