Carlos Alberto Flores García sirvió más de 30 años a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Morelos. El 13 de abril de 2021, el exagente del Ministerio Público renunció y promovió su proceso de pensión por jubilación.
Cabe destacar que el 11 de septiembre de 2019, una sentencia definitiva de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos ordenó a la Fiscalía el pago de indemnizaciones y prestaciones a Flores García.
A esta orden se sumó, en septiembre de 2022, un decreto jubilatorio que estipulaba el pago del 85% de su última remuneración. Pero, la Fiscalía ha fallado repetidamente en cumplir con estas obligaciones.
La cuestión central que surge es: ¿dónde están los recursos destinados al pago de su pensión? Pese a los múltiples intentos de Flores García por obtener sus pagos, incluyendo una solicitud de amparo en diciembre de 2022, la Fiscalía ha mostrado una renuencia flagrante a honrar sus responsabilidades financieras.
Este comportamiento no solo es un desprecio a la legalidad y la justicia, sino que pone en evidencia una gestión ineficaz y posiblemente corrupta de los fondos públicos.
La Fiscalía no solo ha fallado en realizar los pagos correspondientes, sino que también promovió una controversia constitucional para evadir su responsabilidad.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la obligación de la Fiscalía de cumplir con el pago, dejando claro que el Congreso del Estado debe proporcionar los recursos necesarios.
La retención de estos recursos no solo afecta a Flores García, sino que también pone en riesgo las finanzas de la propia Fiscalía y de los ciudadanos que dependen de una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos.
La conducta del Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, y de la encargada de la Coordinación General de Administración de la Fiscalía, María Elena Jaimes Ronces muestra un desdén preocupante por el cumplimiento de sus deberes administrativos y legales.
Ayer, martes 18 de junio, Flores García solicitó formalmente la intervención de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para que se realicen los actos de investigación pertinentes y se formule la imputación correspondiente contra los responsables.
