El Jefe de la Unidad de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), David Sánchez Legorreta, ha sido acusado por empresarios de ser probable responsable de actos de corrupción.
Según la representante legal de los empresarios, existen al menos tres casos en los que David Sánchez y otros servidores públicos están implicados en robos, extorsiones, abusos de autoridad, fabricación de delitos y otros actos delictivos.
En una entrevista, la abogada, quien solicitó mantener su identidad en reserva, informó que entre los casos registrados se encuentran un cateo realizadó por agentes de la Fiscalía a unas bodegas en la colonia Nueva Oxtotitlán.
Hasta la fecha, los inmuebles permanecen asegurados y bajo la custodia del Agente del Ministerio Público, lo que ha llevado a la abogada a promover una audiencia de auxilio judicial con el Juez de Control debido a que este hecho perjudica a los empresarios.
En el operativo participaron Liliana Monroy Pineda, Fredy Albarrán García, Guadalupe Hernández Cruz y Víctor Armando García, quienes están vinculados con un grupo de delincuencia organizada según la versión de las personas afectadas.
Un segundo cateo, considerado ilegal, se llevó a cabo en el Fraccionamiento Royal Country Club, en Metepec, donde el propietario del inmueble fue despojado de 10 millones de pesos, según la litigante. En este cateo, los agentes se apropiaron de ropa, joyería, muebles, vehículos de alta gama y electrodomésticos, los cuales nunca fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.
David Sánchez, al ser requerido, presentó únicamente la cantidad de 3.4 millones de pesos, y el dinero faltante fue repartido entre abogados, agentes del ministerio público y policías que participaron en el cateo.
Otro incidente ocurrió en la Mina San Felipe del Progreso, donde una persona que se dijo víctima de secuestro fue hallada y «rescatada». Sin embargo, los empresarios afirman que este fue un delito fabricado con el fin de intimidarlos. Por esta razón, han hecho un llamado a la Gobernadora, Delfina Gómez, para que tome conocimiento del caso.
Para conocer la versión oficial, la mañana del lunes 17 de junio se buscó una entrevista con el vocero de la FGJEM, pero no hubo respuesta a la solicitud presentada de manera directa.
