Homero Fuentes Ayala, operador financiero de Uriel Carmona Gándara, deberá permanecer en prisión preventiva luego de que el Juez le negó el cambio de la medida cautelar por una distinta.
Fuentes Ayala se halla privado de su libertad desde el pasado 31 de octubre y fue imputado por coalición, delitos cometidos por servidores públicos e incumplimiento de funciones públicas.
La defensa del servidor público, a cargo de Gabriel Regino García, promovió una audiencia para solicitar al Juez de Control, Joel Alejandro Linares Villalba el cambio de la medida cautelar.
Fue así como el juzgador fijó las 16:30 horas del martes 28 de noviembre para el desahogo de la audiencia y notificó de la misma a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
A la audiencia compareció, el Vicefiscal Edgar Rodolfo Núñez Urquiza acompañado de dos agentes del Ministerio Público, entre ellos Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba.
La defensa de Homero Fuentes inició el debate y argumentó que las condiciones que fueron el motivo de la imposición de la prisión preventiva: la obstaculización y el riesgo de fuga, habían cambiado.
El abogado defensor dio a conocer la renuncia por escrito de Fuentes Ayala al cargo de Coordinador General Administrativo, de la Fiscalía General de Justicia de Morelos.
Además, el nombramiento, expedido por Uriel Carmona Gándara, de la restitución de Juan Jesús Salazar Núñez al cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.
Aunado a lo anterior, la defensa mencionó el escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que daba cuenta de la reincorporación de 17 servidores públicos, despedidos en septiembre pasado.
Así mismo destacó tres entrevistas, entre ellas a una persona que informó sobre el domicilio en donde Homero Fuentes podría ser hallado y notificado sobre cualquier situación de su proceso.
Todo estaba dispuesto esa tarde para que Homero Fuentes recobrara su libertad, pero el escenario cambió cuando el juez, Alejandro Linares decretó un receso para “ordenar sus ideas”.
Al reiniciar la audiencia, cuando el juzgador debía resolver, Edgar Núñez Urquiza se retractó, y pidió diferir la diligencia porque en su opinión debía corroborar la información proporcionada por la defensa.
Urquiza cuestionó especialmente el domicilio del arraigo; después habló de la forma en que se debía de incorporar los datos de prueba, impugnó otras pruebas y después pidió abrir un debate.
El abogado de la defensa argumentó que la etapa de debate se había superado, y en su momento la Fiscalía no se opuso además la información que presentó podía ser corroborada por la misma representación social.
Alejandro Linares decretó un segundo receso para “ordenar sus ideas” y al cabo de unos minutos regresó.
“Es indudable que, en el presente caso, sea dado un caso suigéneris”, dijo Linares Villalba y justificó que debía retroceder y abrir el debate para escuchar a la Fiscalía Anticorrupción.
Lo anterior, permitió que el juez se allegara de más elementos de juicio para finalmente negar el cambio de la prisión preventiva hasta en tanto la defensa “debe preparar su petición correspondiente”.