Para José Luis Urióstegui Salgado, una de las personas víctimas por el desplome del puente colgante del Paseo Rivereño, el cambio de criterio que hizo, de último momento, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) pone en evidencia una frágil investigación de la autoridad ministerial.
En entrevista con reporteros que acudieron a la audiencia, la mañana del jueves 27 de abril, Urióstegui Salgado dijo: “Me parece que esto acredita que no hay un estudio completo y sólido, respecto de la investigación, y que pone en entredicho, tanto los derechos de los investigados como los derechos de las víctimas”.
Minutos antes, la Jueza Especializada de Control, Elvia Terán Peña informó en la audiencia inicial, que la Fiscalía Anticorrupción presentó, un día antes, un escrito para desistirse de presentar cargos en contra de ocho personas investigadas por el desplome del puente colgante, ocurrido el 7 de junio de 2022.
Se trata en su mayoría de exservidores públicos; todos ellos pidieron la reserva de sus datos personales e incluso, uno de los abogados defensores exigió que los reporteros fueran desalojados de la audiencia pública. Entre las personas investigadas se encuentra Francisco Antonio Villalobos Adán, ex alcalde de Cuernavaca.
Elvia Terán dio a conocer que la Fiscalía retiró su petición para ejercer la acción penal en contra de las ocho personas, ya que existen otros servidores públicos que podrían estar relacionados en la investigación, además dejo abierta la posibilidad de ofrecer criterios de oportunidad a otros implicados.
“Hay personas que aparentemente no tienen la razón de ser, para ser citadas, y otras que pudieran ser citadas y no lo están siendo. A eso me refiero cuando señalo que la revisión del contenido de la carpeta no ha sido analizada a profundidad y que deja endeble la imputación que pudiera presentarse”, explicó José Luis Urióstegui, quien acudió en calidad de víctima no de alcalde.
Lo cierto es que, como es conocido y una estrategia muy utilizada por la autoridad ministerial, ninguno de los seis abogados defensores, ni de los asesores jurídicos de las personas víctimas, conocen con certeza la carpeta de investigación que integró la Fiscalía Anticorrupción.
Fue en la audiencia que los abogados pidieron a la juzgadora que ordenara, al Ministerio Público, la entrega de la copia de la carpeta de investigación a fin de establecer una defensa adecuada de las personas investigadas. Hasta en tanto la Fiscalía promueva nuevamente su escrito de petición, no existe fecha próxima.