La organización no gubernamental “Morelos Rinde Cuentas” exhibió la opacidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) al ocultar el estatus que guardan sus carpetas de investigación iniciadas en los últimos cuatro años.
A través de una solicitud de acceso a la información pública, “Morelos Rinde Cuentas” pidió conocer, “Del año 2018 al 2022”: el número de carpetas de investigación, por tipo de delito, institución pública y el estatus que guardaban.
La Fiscalía Anticorrupción respondió que en el año 2018 recibió 153; en 2019 recibió 466; en 2020 recibió 598; en 2021 recibió 638 y en 2022 recibió 599. En total son 2 mil 454 carpetas iniciadas en los últimos cuatro años.
Respecto al número de carpetas de investigación por tipo de delito, la Fiscalía Anticorrupción evadió dar la información con su clásica respuesta:
“Atendiendo a la excesiva carga de trabajo de esta Fiscalía, y al número de carpetas de investigación de las cuales se solicita información, resulta humanamente imposible entregar dicha información de la manera en que se solicita…”.
La Fiscalía Anticorrupción justifica que la información: “se encuentra dispersa” y agrega que la consulta se puede hacer de manera indirecta, pero recula que sería “de acuerdo con la disposición del personal y tiempo que labores”.
El argumento evasivo concluye con el siguiente texto: “… no es posible entregar las carpetas para revisión en razón de que los registros de investigación (…) son estrictamente reservados y además se encuentran dispersos en diversos documentos”.
En la última pregunta, la Fiscalía no informa, por ejemplo: cuántos casos de vinculaciones o no vinculaciones a proceso ha conseguido; cuántas imputaciones, cuántos sobreseimientos de causas penales, etcétera.
Los mismos argumentos son expuestos en las respuestas de las otras preguntas sobre la institución pública y por el estatus que guardan. El oficio de la respuesta es firmado por el Vicefiscal, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza.
Para “Morelos Rinde Cuentas”, existe una total opacidad en el trabajo de procuración de justicia, especialmente en materia de anticorrupción.