El 30 de noviembre del 2017, cuatro mujeres y dos niños fueron asesinados y hasta hoy, no hay ninguna investigación ministerial que esclarezca quiénes participaron en el acto, mucho menos un procedimiento administrativo para sancionar a los servidores públicos que ordenaron y encubrieron la actuación.
El crimen continúa impune a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, por las graves violaciones a los derechos humanos y las irregularidades policiacas.
Todo apunta que así seguirá porque la tarde del martes 5 de octubre, un Tribunal de Juicio Oral ordenó a la Fiscalía de Feminicidios que entregue, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), las 17 armas de fuego que les fueron confiscadas a los policías implicados en el multihomicidio.
Es importante recordar que el Tribunal de enjuiciamiento conoció del juicio, donde la Fiscalía acusó a dos personas por el delito de homicidio, en grado de tentativa, en agravio de los agentes de la CES, que ese 30 de noviembre, allanaron la casa en donde fueron asesinadas las seis personas.
Ahora bien, la Comisión de Seguridad promovió una solicitud de auxilio judicial para que ese armamento le fuera devuelto, ya que los había puesto bajo custodia del Ministerio Público para que fueran examinados, sometidos a pruebas de química, balística y se fijaran fotográficamente.
“Es cosa juzgada…. ya hay una sentencia firme… no existe justificación alguna para retenerlo”, argumentó en la audiencia José Roberto Cuevas Conde, en su momento Agente del Ministerio Público que ejerció la acción penal contra los familiares de las víctimas, pero ahora habló como asesor jurídico de la Comisión.
Se trata de 8 fusiles y 9 pistolas, además de un chaleco blindado y un escudo, que a decir del asesor jurídico de las personas víctimas, Víctor Javier Hernández Vega, son la evidencia material que puede presentarse en un posible juicio para demostrar quién mató a las mujeres y a los niños.
“Existe una carpeta de investigación por los homicidios de las personas que estaban adentro. No puede hablar de cosa juzgada, es más puede haber hasta responsabilidad de los servidores públicos que ejercitaron acción penal”, dijo el litigante al Tribunal.
Hernández Vega recordó que la resolución, del propio Tribunal, concluyó que hubo alteración del lugar de intervención; los policías aprehensores manipularon el lugar del hecho; manipularon las evidencias y hay una responsabilidad penal.
En ese tenor, reveló que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) tiene bajo su custodia una carpeta de investigación derivada de ese hecho que involucra a servidores públicos, pero hasta el momento no investiga nada.
El Código Penal del Estado, artículo 297 fracción 31, dice que “Son delitos contra la procuración y administración de justicia, los cometidos por los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes:
XXXI Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia”.
Por ese motivo, el asesor jurídico de las personas víctimas pidió al Tribunal que no autorizará la entrega de las armas a la Comisión, pues es un asunto inconcluso y falta por saber: ¿quién mató a las personas, dentro de la casa? ¿quién manipuló la evidencia? ¿quién ocultó información? ¿quién ejercitó acción penal?
Pero el Tribunal, integrado por los jueces Jesús Valencia Valencia, Teresa Domínguez Soto y María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, falló:
“Este tribunal, por unanimidad, determina procedente la solicitud del director general de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el sentido de que para este Tribunal queda debidamente establecido la tesis de cosa juzgada”.
Por ese motivo ordenó a la Fiscalía de Feminicidios para que, en un plazo de 10 días, entregue el armamento, apercibido de que en caso contrario sancionará al Fiscal General, Uriel Carmona con una multa de 200 Unidades de Medidas de Actualización.
El Tribunal se “lavó las manos”, en un caso en donde la Fiscalía no ha realizado ningún acto para esclarecer y sancionar a los responsables de las muertes de las seis personas, incluida dos infantes.
