La Fiscalía Regional Oriente naufraga no solo en el océano de la corrupción sino en el desdén y la burocracia de agentes del Ministerio Público que afecta a cientos de personas víctimas de algún delito.
El ejemplo más claro de ello es el caso de Mario H. B., un taxista de 56 años, quien el 6 de diciembre de 2020, fue víctima del robo de su auto en la colonia Amador Salazar, en el municipio de Yautepec.
Días después, el 10 de diciembre, a través de redes sociales se enteró que su taxi fue hallado abandonado y acudió a reclamar su devolución a las oficinas del Ministerio Público de Yautepec
Ahí comenzó el trámite burocrático pues, el agente del Ministerio Público, Israel Solano Pantaleón, adscrito a la Fiscalía de Robo de Vehículos, le hizo dar una serie de vueltas para devolverle su auto.
Hasta que finalmente, el vehículo le fue liberado y acudió a recogerlo en el corralón de Grúas Aguilar, pero lo halló desvalijado, le hacían falta algunas piezas que el mismo personal de la empresa le robó.
Pero su tragedia no terminó ahí, en junio del presente año, acudió a pagar algunos derechos a la Secretaría de Movilidad y Transporte, y fue informado por el personal que no podía realizar el trámite porque su auto tiene reporte de robo.
Le indicaron que debía presentarse ante el Ministerio Público para que ellos dieran de baja de la base de datos, conocida como Plataforma México, el reporte de robo de su vehículo.
Mario acudió inmediatamente ante el riesgo de que, en cualquier momento, pudiera ser detenido ya que su auto aún es boletinado como robado y podría nuevamente ser remitido al corralón.
El taxista se ha presentado innumerables ocasiones ante el Ministerio Público de Yautepec para exigir que resuelvan este conflicto y a casi tres meses, no le dan ninguna solución.