Carlos Quintero J.
Para Javier Carrasco Solís, Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), la justicia penal en Morelos atraviesa una crisis en materia de derechos humanos.
El informe de la organización no gubernamental “México Evalúa” así lo confirma: Morelos es uno de los estados peor calificados en impartición de justicia penal, al igual que Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo.
“Morelos fue uno de los pioneros, junto con Chihuahua, Oaxaca, Baja California, y uno podría entender, podría esperar que Morelos por tener más tiempo, pues tendría más consolidado el sistema pero la triste realidad es otra”, dice Javier Carrasco.
El especialista recordó: “el estado de Morelos fue tal vez el tercero o cuarto estado que implemento el sistema, que inicio con el sistema, de hecho el estado de Morelos aprobó su reforma antes de la Reforma Constitucional del 2008”.
Pero ahora de ser un referente a nivel nacional, el ranking de México Evalúa lo ubica en el lugar 28 de 32 entidades. Con un nivel óptimo de 900 puntos, Morelos obtuvo 298 puntos en contraste con Querétaro que logró 727 y es el primer lugar.
Pero todo tiene una explicación: existe una crisis en derechos humanos en Morelos que involucra a las corporaciones policiales estatales y municipales, policías de investigación criminal, la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.
En opinión de Javier Carrasco:
“Tenemos una crisis en el Estado. No puede ser que haya sido uno de los primeros estados que inicio, con esta reforma, y que ahora este al final de la lista con 298. Esto implica el rezago, la falta de voluntad política, la falta de seguimiento, la falta de la institucionalización de los procesos penales, la falta de formación continua, el abandono de las instituciones”.
Otra de las conclusiones que Javier Carrasco destaca del informe de México Evalúa, es que no existe una instancia de coordinación que dé seguimiento a la consolidación del sistema de justicia.
“¿Quién se encarga de la consolidación del sistema? ¿Quién se encarga de exigirle a las instituciones que proporcionen su información? que la registren, que corrijan, que erradiquen malas prácticas: nadie, entonces ese es un reflejo de la falta de voluntad política para la justicia penal”, concluye el abogado.
Carrasco Solís habla de que la justicia penal es una de las partes más contundentes donde se ven las violaciones de derechos humanos tanto de las personas víctimas y como de las personas procesadas y eso se encuentra en juego.
